Visto en sesión de fecha 10 de octubre de 2007 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N.° 951.2005.TC, sobre el procedimiento de aplicación de sanción contra la empresa Inversiones Isari & Danami S.A.C., por supuesta responsabilidad en la presentación de documentos falsos o inexactos, durante la Adjudicación de Menor Cuantía N.º 0032-2005-INIEA/B–Segunda Convocatoria para la adquisición de trece scanners, convocada por el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria-Ministerio de Agricultura; y atendiendo a los siguientes:     

 

ANTECEDENTES: 

 

1.       El 24 de junio de 2005, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (en adelante la Entidad) convocó a la Adjudicación de Menor Cuantía N.º 0032-2005-INIEA/B–Segunda Convocatoria para la adquisición de trece scanners. El valor referencial del proceso de selección ascendía a  S/. 85 403,74 nuevos soles.

 

2.       El 27 de junio de 2005, se llevó a cabo el acto de evaluación de propuestas, con la  participación de los siguientes postores:

 

a)     R & P International Trading S.R.L.

b)     Inversiones Isari & Danami S.A.C.

c)     Grupo Leafar S.A.C.

 

      El Comité Especial consignó en el acta correspondiente[1], que la documentación presentada por la empresa Inversiones Isari & Danami S.A.C. (en lo sucesivo el Postor) tendría indicios de contener información presumiblemente falsa, porque al revisar dichos documentos comprobaron que las fechas de emisión de esas facturas han sido consignadas en forma inversa a su correlativo, según el detalle siguiente:

 

-          Factura N.º 006-000025 con fecha 20-12-04

-          Factura N.º 006-000030 con fecha 07-10-04

-          Factura N.º 006-000034 con fecha 17-11-04

-          Factura N.º 006-000039 con fecha 17-10-04

-          Factura N.º 006-000042 con fecha 19-06-04

-          Factura N.º 006-000049 con fecha 29-04-04

 

Luego de la evaluación de propuestas, el Comité Especial procedió a otorgar la buena pro del proceso de selección a la empresa R & P INTERNATIONAL TRADING S.R.L.

 

3.       Por Oficio N.º 088-2005-INIEA-CEP[2], recibido el 11 de julio de 2005, el Presidente del Comité Especial remitió al Jefe (e) de la Oficina de Logística la propuesta técnica presentada por el Postor, relacionado con la documentación presumiblemente falsa.

 

4.       El 26 de julio de 2005, La Entidad presentó el Oficio N.º 736-2005-INIEA-OA-AJ, adjuntando entre otros el Informe Técnico Legal N.º 014-2005-INIEA-OGAJ/DG[3], a través de los cuales solicitó al Tribunal imponer sanción administrativa al Postor por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM.

 

El informe acotado en el párrafo anterior se encuentra suscrito por el Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, a través del cual señaló  que el Postor incurrió en la infracción prevista en el numeral 9 del artículo 294 del Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM y recomendó que la Oficina General de Administración requiera a la Oficina de Logística, informe sobre las circunstancias en las que los antecedentes del caso (expedientes que contienen las propuestas técnicas observadas) habrían sido manipulados por el personal a su cargo.

 

5.       Por decreto de fecha 27 de julio de 2005, el Tribunal dispuso formalmente el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Postor por supuesta responsabilidad en la no suscripción injustificada de contrato, infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento. Asimismo, emplazó al Postor para que dentro del plazo de diez (10) días cumpla con presentar su escrito de descargos. 

 

6.       El 11 de agosto de 2005, por Cédula de Notificación N.º 19490/2005.TC[4] se notificó al Postor el inicio del procedimiento administrativo sancionador y se le requirió para que dentro del plazo de diez días cumpla con presentar su escrito de descargos.

 

7.       El 31 de agosto de 2005, previa razón de Secretaría, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, en razón a que el Postor no cumplió con presentar su escrito de descargos dentro del plazo otorgado. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la entonces Sala Única del Tribunal para que resuelva.

 

8.       El 14 de setiembre de 2005, el Gerente General de la empresa Inversiones Isari & Danami S.A.C. presentó el escrito s/n[5] manifestando lo siguiente:

 

-    Que su representada no ha presentado ningún expediente falso para contratar con la Entidad, y solicita se le informe detalladamente en que estado esta el proceso de investigación que la Entidad estaría realizando en el tema de sancionar a los funcionarios que han manipulado, fraguado o adulterado los expedientes que se les imputa.

-    Refiere que antes de imponer una sanción contra su representada, la Entidad debe remitir al Tribunal un informe detallado de cómo han sido los hechos, y luego de tomar conocimiento del mismo, su representada adopte las acciones necesarias a fin de entablar demanda por daños y perjuicios.

 

9.       El 16 de setiembre de 2005, el Postor presentó el escrito s/n^[6], mediante el cual reiteró a este Tribunal que no ha presentado ningún expediente a dicha Entidad, precisando  que sólo presentó la cotización de una hoja indicando el precio del producto solicitado, fechado el 29 de mayo de 2005 por la Oficina de Logística. Adjuntó a dicho escrito copia de la Solicitud de Cotización N.º 152-2005 y copia de las Facturas N.º 006-000025, N.º 006-000030, 006-000034, 006-000039, 006-000042 y 006-000049 en blanco (cada una con el ejemplar de Adquirente o usuario, Emisor y Sunat).

 

10.   El 20 de abril de 2007, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, en virtud a la Resolución N.º 177-2007-CONSUCODE/PRE de 4 de abril de 2007.

 

11.   El 21 de mayo de 2007, se expidió la Resolución N.º 279-2007-CONSUCODE/PRE que dispuso la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

 

12.   El 17 de julio de 2007, la Tercera Sala del Tribunal requirió información adicional a la Entidad y al Postor.

 

13.   El 15 de agosto de 2007, la Entidad presentó el Oficio N.º 112-2007-INIA-OGA-N.º 042-OL mediante el cual solicitó al Tribunal se le conceda un plazo adicional para la revisión de sus archivos, toda vez que aún no han ubicado el informe solicitado.

 

14.   El 27 de agosto de 2007, la Entidad presentó el Oficio N.º 1823-2007-INIA-OGA-N.º 394-OL, que adjuntó el Informe N.º 001-2007-CJHT, en dicho oficio señaló que de la revisión de los archivos y registros de la Oficina General de Administración, no se ha encontrado evidencia que el citado informe legal haya sido puesto de conocimiento de la persona que ejercía el cargo de Director General de la Oficina General de Administración de la Entidad en aquella fecha, para que requiera a la Oficina de Logística el informe solicitado, por lo que concluye que esa oficina no elaboró el informe.

 

FUNDAMENTOS:

 

1.          El numeral 1 del artículo 235 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

 

2.          El artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 083-2004-PCM, en lo sucesivo la Ley, establece que corresponde al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado imponer sanciones en los casos previstos en dicha norma o en su Reglamento. Al respecto, el artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.° 084-2004-PCM, prevé que la facultad de sancionar a proveedores, postores y contratistas con inhabilitación temporal o definitiva le corresponde al Tribunal del CONSUCODE.

 

3.          El inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se decretó a consecuencia de la supuesta comisión, por parte del Postor, de la infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento[7], norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

 

4.          Al respecto, la Entidad a través del Informe Técnico Legal N.º 014-2005-INIEA-OGAJ/DG informó que los miembros del Comité Especial a cargo del proceso de selección manifestaron sus dudas sobre la veracidad de las facturas presentadas por el Postor al advertir discrepancias entre la fecha de emisión y el correlativo de las mismas, según el detalle siguiente:

 

-          Factura N.º 006-000025 con fecha 20-12-04

-          Factura N.º 006-000030 con fecha 07-10-04

-          Factura N.º 006-000034 con fecha 17-11-04

-          Factura N.º 006-000039 con fecha 17-10-04

-          Factura N.º 006-000042 con fecha 19-06-04

-          Factura N.º 006-000049 con fecha 29-04-04

 

5.          Por su parte, el Postor argumentó que su representada no presentó ningún expediente falso contratar con la Entidad durante el proceso de selección, aseveró que únicamente presentó la cotización de una hoja indicando el precio del producto solicitado y que dicho documento fue fechado el 29 de mayo de 2005 por la Oficina de Logística. El Postor adjuntó a su escrito de 16 de setiembre de 2005 copia de la Solicitud de Cotización N.º 152-2005 y copia de las Facturas N.º 006-000025, N.º 006-000030, 006-000034, 006-000039, 006-000042 y 006-000049 en blanco (cada una de ellas con el ejemplar de Adquirente o usuario, emisor y Sunat)

 

Asimismo, solicitó se le informe detalladamente el estado en que se encuentra el proceso de investigación que estaría realizando la Entidad, respecto a la manipulación de los expedientes que se les pretende imputar.

 

6.          Obra en autos el Informe Técnico Legal N.º 014-2005-INIEA-OGAJ/DG suscrito por el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Entidad, que recomendó que la Oficina General de Administración requiera a la Oficina de Logística, informe sobre las circunstancias en las que los antecedentes del caso (expedientes que contienen las propuestas técnicas observadas) habrían sido manipulados por el personal a su cargo. (Subrayado es nuestro)

 

7.          En el presente caso, la conducta materia de controversia consiste en la presentación de documentos falsos o inexactos ante la Entidad, infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM.

 

Al respecto, debe tenerse presente que para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción invocada, se requiere previamente acreditar la existencia de documentos que contengan información falsa, que no corresponde a la realidad, falsedad que debe manifestarse en los documentos presentados con ocasión de un proceso de selección; y como consecuencia de las indagaciones que se instauren se demuestre la falsedad de los documentos cuestionados, es decir, que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedidos hayan sido adulterados en su contenido. Por su parte, la infracción consistente en la presentación de documentos inexactos se explica por si misma y constituye una forma de falseamiento de la realidad, a través del quebrantamiento del principio de veracidad.

 

8.          La Tercera Sala del Tribunal a efectos de tener mayores elementos de juicio al momento de resolver el presente procedimiento, y en aplicación del numeral 1.3 del artículo IV del Titulo Preliminar[8] de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.º 27444 requirió información a la Entidad para que cumpla con remitir copia del informe elaborado por la Oficina de Logística sobre las circunstancias en las que los antecedentes del caso (expedientes que contienen propuestas técnicas) habrían sido manipulados por el  personal  de esa oficina, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de resolver.

 

La Entidad en respuesta al requerimiento formulado, el 27 de agosto de 2007 presentó el Oficio N.º 1823-2007-INIA-OGA-N.º 394-OL, donde señaló que de la revisión de los archivos y registros de la Oficina General de Administración (como consta en el Informe N.º 001-2007-CJHT que adjunta), no ha encontrado evidencia que el citado informe legal haya sido puesto de conocimiento de la persona que ejercía el cargo de Director General de la Oficina General de Administración de la Entidad en aquella fecha, para que requiera a la Oficina de Logística el informe solicitado, concluyendo que esa oficina no elaboró el informe. (Subrayado es nuestro)  

 

9.          Por lo expuesto, la Entidad no ha brindado sólido elemento de juicio que permita asumir sin margen de duda que el Postor sea el responsable por la presentación de la propuesta que contiene los documentos cuestionados, más aún si el Postor acompañó a su escrito de fecha de 16 de setiembre de 2005, copia de la Solicitud de Cotización N.º 152-2005, donde aparece el sello de visto bueno de la Oficina de Logística-César J. Huapaya Toledo, quien suscribió el Informe N.º 001-2007-CJHT presentado por la Entidad como documento adjunto al Oficio N.º 1823-2007-INIA-OGA-N.º 394-OL. A ello se suma, que las facturas en blanco que adjuntó el Postor a dicho escrito y las facturas que forman parte de la propuesta presentada al proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N.º 0032-2005-INIEA/B–Segunda Convocatoria, tienen el mismo numero de serie y número de factura, pero difieren en el formato. 

 

10.      El procedimiento administrativo sancionador, tiene como uno de sus fundamentos la atribución de responsabilidades e imposición de sanciones en los casos en que la conducta infractora quede demostrada, lo que no sucede en el presente caso, por cuanto la evidencia aportada para probar la responsabilidad del Postor ha resultado insuficiente, situación que permite sostener razonable margen de duda. Por lo que se considera que corresponde aplicar el principio de presunción de licitud[9], declarando no ha lugar a la imposición de sanción al Postor. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Dr. Juan Carlos Valdivia Huaringa y la intervención de los vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dr. Carlos Navas Rondón, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución N.º 279-2007-CONSUCODE/PRE, expedida el 21 de mayo de 2007 y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM; y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo N.° 54-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, por unanimidad;

 

 

 

 

LA SALA RESUELVE